"Países seguros": la Comisión Europea cambia de opinión

Es poco después del mediodía cuando las miradas se cruzan en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para buscar confirmación de lo escuchado por el representante legal de la Comisión Europea. «A la luz de las observaciones presentadas por los Estados miembros y teniendo en cuenta las cuestiones planteadas por el Tribunal de Justicia, la Comisión está dispuesta a aceptar que la Directiva 2013/32 permite a los Estados miembros designar países de origen como seguros estableciendo excepciones para categorías de personas.»

En la sala hay un silencio absoluto y el asombro llena los rostros de jueces y abogados: la institución comunitaria acaba de sostener lo contrario de lo escrito en las observaciones presentadas hace apenas un mes. Están firmadas por los mismos abogados que asisten a la audiencia (dos de los tres estuvieron presentes). El cambio es tan sorprendente que el presidente del panel, el juez MK Lenaerts, pregunta: "¿Entiendo correctamente que la Comisión ahora apoya la opinión de la mayoría de los Estados miembros representados aquí, que recomienda la posibilidad de designar un país como seguro con la excepción de ciertas categorías?"

Respuesta afirmativa. Sin embargo, en su opinión escrita, la institución dirigida por Ursula von der Leyen había afirmado que se debe distinguir entre la persecución individual y la de categorías enteras de personas. La presencia de estos últimos impide que un país sea considerado seguro, afirmó la Comisión hasta ayer. La conversión en el camino de Damasco es tan radical que en el aula argumenta: incluso un país en el que está en riesgo la mitad de la población, por ejemplo todos los hombres o mujeres, puede entrar en la lista de países seguros. Lo que importa ya no es la consistencia cuantitativa de las categorías a las que se aplica la excepción, sino únicamente que sus miembros sean "claramente identificables". Los representantes de la Comisión, “agentes”, no responden a la prensa. Pero se esconden detrás de un "no pueden decir nada" incluso con sus colegas abogados que querrían entender cuándo y por qué cambió su postura. No ha habido cambios regulatorios y es razonable sospechar que las razones tienen poco que ver con la ley. Aunque en estos procedimientos la institución de la UE no representa una parte real, sino que tiene un papel casi de tercero a la hora de interpretar las normas.

Por otra parte, quienes intervienen en nombre de los Estados son los abogados de los respectivos gobiernos. En una Europa que se mueve cada vez más hacia la derecha, no sorprende que casi todo el mundo, en términos generales, esté de acuerdo con el gobierno italiano. La excepción es Alemania, que en tres de cada cuatro preguntas expresa posiciones opuestas y sigue siendo el único que afirma que los países con excepciones para categorías de personas no son seguros. Pero ahora el gobierno también ha cambiado en Berlín.

La importancia de la vista de ayer la demuestra un detalle: de las 24 cabinas destinadas a la traducción simultánea a otras tantas lenguas oficiales de la UE, 19 estaban activas. "En todos estos años nunca había visto nada igual", afirma un trabajador del Tribunal. Afuera, la capital de Luxemburgo está envuelta en niebla. En el interior se espera que la audiencia arroje algo de luz sobre la cuestión de los "países seguros" que, con el protocolo Italia-Albania, se ha convertido en un tema central de las políticas migratorias del gobierno de Meloni.

La Abogacía del Estado italiana insiste: las excepciones para grupos sociales son legítimas; Los procedimientos acelerados no reducen las garantías; Si los jueces ordinarios identifican conflictos entre la legislación italiana y la de la UE, no deben inaplicar la primera, sino remitir el asunto al Tribunal Constitucional. El abogado del gobierno no respondió a la pregunta de los jueces sobre Bangladesh, y le pidió que explicara cómo podría considerarse seguro dado que tiene tantas excepciones importantes. Sólo dice que para ese estado el asilo se acepta en el 5% de los casos (pero legalmente eso es otro asunto).

El abogado Dario Belluccio, que defiende a los solicitantes de asilo junto a sus colegas Stefano Greco y Sonia Angilletta, ataca al gobierno italiano: en la designación de países seguros utiliza "criterios imaginativos" y ha traicionado el principio de seguridad jurídica con 20 intervenciones sobre inmigración en dos años y medio. Añadió: «Los vehementes ataques sufridos por los jueces por haber desaplicado el derecho interno en contraste con el derecho de la Unión pretenden poner en cuestión la primacía de las normas de la UE en esta materia».

La patata caliente está ahora en manos del Tribunal. La decisión es particularmente delicada, porque se sitúa entre la reivindicación política cada vez más clara y extendida de limitar los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo y las garantías codificadas en una temporada política ya obsoleta, pero que sin embargo siguen vigentes en este momento. El Abogado General emitirá su dictamen independiente el 10 de abril. El veredicto se espera para la primavera.